La nueva 1/2025 también conocida como “ley de mediación” busca potenciar la mediación como un instrumento clave en todas las áreas del derecho civil como el derecho de familia, la mediación hereditaria, contractual, mercantil, concursal, etc.
La motivación del legislador es agilizar los procesos reduciendo el tiempo total de los mismos, reducir el número de litigios ya que a fecha de hoy hay 4 millones de asuntos pendientes y por último promover una cultura de resolución amistosa de conflictos.
Antes de esta ley la mediación y los mediadores eran algo opcional, no era tampoco necesario acreditar una negociación previa (excepto en la jurisdicción social) a la demanda. Ahora con esta nueva normativa la mediación es obligatoria en reclamaciones civiles y mercantiles, la ley obliga a que los litigantes acrediten haber intentado un acuerdo, de lo contrario la demanda puede ser inadmitida.
La idea es buena aunque como siempre hace falta tiempo para saber si se aplica correctamente y que consecuencias reales produce dicha aplicación.
Con la promulgación de esta ley se está por lo tanto popularizando la contratación de mediadores civiles y mercantiles, con los que el despacho JB ABOGADOS cuenta con una dilatada experiencia, así como el uso de medios de comunicación, firma y notificación electrónicos homologados para poder acreditar dichas negociaciones. Existe por lo tanto un efecto positivo de la ley en el sentido en que está produciendo una digitalización de la mediación, algo que consideramos que puede ayudar a nuestros clientes aportándoles rapidez y comodidad a la hora de afrontar los ya de por sí largos y extenuantes procesos legales.
Por último cabe mencionar los incentivos fiscales qua la ley prevé como por ejemplo la deducción de los gastos de mediación el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y en el Impuesto sobre Sociedades (IS).
En definitiva esta ley persigue ofrecer una alternativa a los tribunales más económica y rápida similar al ya existente arbitraje, ciertamente popular entre empresas especialmente en litigios internacionales, para aquellas personas que estén en las fases más tempranas de cualquier discrepancia entre dos o más partes y por lo tanto el conjunto de la población se debería beneficiar ya que se reducirá la frustración en personas físicas y jurídicas debido al colapso actual de los tribunales así como del ahorro del coste económico de cada litigio evitado en tribunales, algo que agradecerán las maltrechas arcas del estado y que debería conducir por lo tanto a una desgraciadamente improbable reducción de la carga fiscal de la ciudadanía.
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